Racionamientos Eléctricos: ¿a quién hay que matar?

Por: Paulino Washima Tola
Maestrante Gobernanza Energética - FLACSO
Miembro de Ruptura

“la planificación eléctrica involucra la muy difícil tarea de estimar la demanda futura en quince años o más y entonces comprometer grandes cantidades de capital para proveer la capacidad de generación para satisfacer esa demanda”



La frase anterior no le corresponde a ningún funcionario estatal, ni miembro del movimiento político del gobierno, lo dice Ainsley Kellow, en 1996, catedrático de la Universidad de Cambridge en su libro “Transforming power: the politics of electricity planning”. (Transformando Energía, las políticas de la planificación eléctrica).

Es evidente que la naturaleza de la electricidad y sus características físicas (voltaje, intensidad, potencia, frecuencia), limitan la profundidad del debate público sobre el tema. Esto predispone al conjunto de la sociedad a depositar su confianza en los “expertos” del sector. Sin embargo ante la evidencia de racionamientos, el debate atrae el interés nacional, se convierte en la principal preocupación del momento, y es frecuente que surjan preguntas como ¿Quién es el culpable?, ¿a quién hay que matar por los racionamientos eléctricos?.

No es coincidencia que durante los racionamientos que el país sufrió en los 90s el debate se haya centrado como ahora en definir a los responsables del retraso evidente en la inversión hidroeléctrica.

Tomando los datos del CONELEC en su página web, es posible constatar que en 1992, cuando entró en funcionamiento la fase C del proyecto Paute, el total de la capacidad instalada correspondía a un 61% de hidroelectricidad y un 39% entre generación térmica y otras. En el año 2006, la proporción era apenas de 41% hidroelectricidad, 9% importaciones, y 50% otras fuentes.

Un ejemplo claro de esta realidad es el Proyecto Paute Mazar, contando más de 25 años de retraso desde su concepción inicial hasta la firma contractual que dio inicio a su construcción. Si bien es cierto que durante este tiempo se ha dado un incremento en la oferta de generación hidroeléctrica, la proporción de hidroelectricidad en el total de la capacidad instalada ha disminuido progresivamente.

Este problema no solamente es energético. La oferta de energía en el Ecuador es principalmente de generación térmica, la que utiliza en su mayoría combustibles importados y subsidiados que lo convierte en un problema también económico, cuando existe un alto potencial hidroeléctrico no explotado.

Una falta de planificación eléctrica retrasó muchos proyectos hidroeléctricos, con el pretexto del gran costo que representaría su construcción para la economía nacional de la época. Argumento sin sustento a la luz de la situación actual de la oferta de generación eléctrica: altos costos de operación que requirieron (y requieren) las centrales térmicas; y, desventajas de la importación de fluido eléctrico. Poniendo esto en evidencia, queda claro que más que una restricción presupuestaria, el retraso en la inversión hidroeléctrica en general constituye una falta de planificación eléctrica y una ausencia de política energética de las autoridades políticas de la energía durante el período señalado.

Cabe mencionar que varios proyectos hidroeléctricos que no han sido construidos, fueron planteados en el Plan Maestro de Electrificación 1980 – 1984, y el INECEL propuso su puesta en funcionamiento hasta antes de 1990, sin embargo algunas decisiones gubernamentales de este período retrasaron la construcción de estos proyectos.

En 1985, siendo presidente León Febres Cordero, se eliminaron las regalías petroleras para el INECEL, iniciando con ello un proceso de debilitamiento y deterioro progresivo de la institución. Esta situación se empeoró por el manejo político de las tarifas de servicio eléctrico, las cuales no representaban los verdaderos costos de la generación (Líderes, 1999), (Oleas y Cardoso, 2005).

La mayor crisis del sector eléctrico ecuatoriano se dio durante una época de estiaje en la cuenca oriental. Lo cual condicionó el funcionamiento del Proyecto Paute y obligó a racionamientos eléctricos durante los meses más críticos de la sequía desde 1991 hasta 1997 (Diario HOY, 1995). Para enfrentar esta situación y cubrir la creciente demanda, se realizaron inversiones en generadoras térmicas, pero no fue suficiente. La falta de presupuesto, las tarifas insuficientes, el robo de energía y el desinterés de las autoridades de turno dieron como resultado el gran desprestigio del INECEL (Oleas y Cardoso, 2005).

En 1996 se promulgó la Ley de Régimen del Sector Eléctrico que tenía como fin abrir el libre mercado de oferta y demanda al sector eléctrico, se prescribía de esta forma la progresiva desaparición del INECEL. Pero contrariamente a lo que establece la teoría de liberalización económica, no hubo mayores ofertas para la construcción de hidroeléctricas, al contrario se fortaleció la generación térmica y la importación de fluido eléctrico para cubrir la demanda.

Llama entonces la atención, que los principales dedos acusadores que señalan al Gobierno actual como el único responsable de la crisis energética sean de quienes en su momento estuvieron definiendo y decidiendo los temas prioritarios en la agenda nacional. Cabría preguntarse ¿qué hicieron ellos en su momento?, ¿que previsiones tomaron?.

Apartándonos de la dinámica de buscar culpables, cabría preguntarnos para el futuro: ¿que desafíos energéticos afrontamos?, la logística de importación de diesel para las generadoras térmicas no es económicamente sostenible. El Ecuador siendo un país productor de petróleo es un importador de derivados porque la capacidad de refinación en territorio nacional es insuficiente para alcanzar el autoabastecimiento.

Es necesario por lo tanto asumir los desafíos energéticos para el futuro, y estos desafíos implican necesariamente el debate nacional frente a las prioridades de inversión de proyectos energéticos que busquen afectar lo menos posible al ambiente y nos permitan alcanzar la soberanía y seguridad energética, es decir que no tengamos que depender de la importación de combustibles ni de fluido eléctrico.

Establecer las prioridades de inversión energética no es una cuestión muy sencilla, los proyectos requieren la inversión de cientos y hasta miles de millones de dólares que comprometen el futuro del país y significa retardar la inversión en otras areas igualmente necesarias e importantes.

Por eso es importante mantener el debate y la memoria para los momentos sin crisis energéticas, el momento de sequía que vive el país ha traído a discusión la falta de seguridad y soberanía energética en la que nos encontramos. Pero como se ha explicado, las acciones para afrontar esta problemática requieren pactos sociales para viabilizar proyectos energéticos que comprometen la economía del país durante varios años.

Aunque hasta la fecha no han existido en la web del CONELEC avisos de nuevos contratos firmados para la construcción de proyectos hidroeléctricos durante el último año, expreso mi confianza en que el Ingeniero Albornoz, Ministro de Electricidad y Energías Renovables sabrá lidiar con esta emergencia y continuar con el plan para el cambio de la Matriz Energética, propuesto por su antecesor.

Paulino Washima T.

Maestrante en Gobernanza Energética - FLACSO Ecuador.

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